Quito, 9/4/2012 - Agencia Agrocomunal.- Aproximadamente 200 comuneras y comuneros de la parroquia rural de Posorja, ciudad de Guayaquil, llegaron a Quito reclamando sus derechos colectivos a través de un pedido puntual al gobierno de la Revolución Ciudadana: La legalización de sus tierras entre el kilómetro 15 ½ y 16 ½ de la vía General Villamil Playas a Posorja.
La marcha que comenzó a las ocho de la mañana, arribó al Palacio de Carondelet donde fue recibida por los asesores del señor presidente del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado, quienes mostraron viva preocupación por los abusos a los cuales se han visto expuestos por parte de malos funcionarios públicos y autoridades vendidas a los grupos de poder.
Posteriormente se desplazaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en la zona centro norte de la ciudad (Amazonas y Eloy Alfaro) donde fueron recibidos por el Subsecretario de Tierras, Dr. Diego Pazmiño y el asesor del Viceministerio de Desarrollo Rural en una improvisada reunión en el auditorio del Ministerio en donde se expresaron los puntos más críticos de la situación por parte del señor presidente de la comuna, Efrén Reyes Cuzme.
Allí explicó con fuerza que: “Ellos se ven obligados a hacer presencia en Quito por que por más de treinta años han sufrido desalojos, corte de la energía eléctrica y distintas violaciones de sus derechos, desde 1970 con la llegada de Hernández Gray y la compra de una pequeña extensión de 600 mt cuadrados, ya que después cerca todo y se quedan con más de 900 ha.”
El señor Subsecretario de Tierras respondió que al momento se está tratando de trabajar el tema de forma conjunta con la Unidad de Territorios del Ministerio. Anotamos las siguientes conclusiones para que el público en general ayude velando por garantizar los territorios colectivos;
1. Que ayudará para interponer una demanda verbal ante el Ministerio Fiscal por los desalojos acaecidos el año pasado.
2. Que después de la decisión que tome la Corte Constitucional al respecto de la restitución de su personería jurídica se podrá continuar con el trabajo de legalización de tierras.
Además aclaro que la Subsecretaria de Tierras jamás ha mandado un desalojo, siendo la única entidad que le corresponde dicho trámite, para lo cual acotó que se está trabajando con el Ministerio del Interior para normar los abusos de este procedimiento para que nunca más se den en la noche o poniendo en peligro a los niños y niñas como sucedió en junio del año pasado en Data de Posorja, cuando se desalojo con violencia la escuelita de la comuna.
Concluyo añadiendo que: “Quiero insistir que la única garantía es que vivan en la tierra, cualquiera sea la decisión de un juez, porque la posesión da derecho” siendo una importante acotación ya que explicó que el tiempo de posición de un terreno es de un año y posterior a este, la ley protege al posesionario, recalcando la ilegalidad cometida por parte de las autoridades.
Por su parte las compañeras y compañeros de las comunas reclamó con profundo dolor sobre las injusticias a las que se han visto expuestos preguntándole a las autoridades si es que ellos sabían cuánto cuesta una casita de cemento, y si es que pueden ver la terrible necesidad por la que ellos pasan.
Aunque no se llegaron a compromisos concretos sobre el tema de los territorios, en base a que se debe esperar la decisión de la Corte Constitucional, los comuneros y las comuneras advirtieron estar vigilantes del proceso y en pie de lucha en contra de las injusticias de Marola Game Campoverde.
La marcha que comenzó a las ocho de la mañana, arribó al Palacio de Carondelet donde fue recibida por los asesores del señor presidente del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado, quienes mostraron viva preocupación por los abusos a los cuales se han visto expuestos por parte de malos funcionarios públicos y autoridades vendidas a los grupos de poder.
Posteriormente se desplazaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en la zona centro norte de la ciudad (Amazonas y Eloy Alfaro) donde fueron recibidos por el Subsecretario de Tierras, Dr. Diego Pazmiño y el asesor del Viceministerio de Desarrollo Rural en una improvisada reunión en el auditorio del Ministerio en donde se expresaron los puntos más críticos de la situación por parte del señor presidente de la comuna, Efrén Reyes Cuzme.
Allí explicó con fuerza que: “Ellos se ven obligados a hacer presencia en Quito por que por más de treinta años han sufrido desalojos, corte de la energía eléctrica y distintas violaciones de sus derechos, desde 1970 con la llegada de Hernández Gray y la compra de una pequeña extensión de 600 mt cuadrados, ya que después cerca todo y se quedan con más de 900 ha.”
El señor Subsecretario de Tierras respondió que al momento se está tratando de trabajar el tema de forma conjunta con la Unidad de Territorios del Ministerio. Anotamos las siguientes conclusiones para que el público en general ayude velando por garantizar los territorios colectivos;
1. Que ayudará para interponer una demanda verbal ante el Ministerio Fiscal por los desalojos acaecidos el año pasado.
2. Que después de la decisión que tome la Corte Constitucional al respecto de la restitución de su personería jurídica se podrá continuar con el trabajo de legalización de tierras.
Además aclaro que la Subsecretaria de Tierras jamás ha mandado un desalojo, siendo la única entidad que le corresponde dicho trámite, para lo cual acotó que se está trabajando con el Ministerio del Interior para normar los abusos de este procedimiento para que nunca más se den en la noche o poniendo en peligro a los niños y niñas como sucedió en junio del año pasado en Data de Posorja, cuando se desalojo con violencia la escuelita de la comuna.
Concluyo añadiendo que: “Quiero insistir que la única garantía es que vivan en la tierra, cualquiera sea la decisión de un juez, porque la posesión da derecho” siendo una importante acotación ya que explicó que el tiempo de posición de un terreno es de un año y posterior a este, la ley protege al posesionario, recalcando la ilegalidad cometida por parte de las autoridades.
Por su parte las compañeras y compañeros de las comunas reclamó con profundo dolor sobre las injusticias a las que se han visto expuestos preguntándole a las autoridades si es que ellos sabían cuánto cuesta una casita de cemento, y si es que pueden ver la terrible necesidad por la que ellos pasan.
Aunque no se llegaron a compromisos concretos sobre el tema de los territorios, en base a que se debe esperar la decisión de la Corte Constitucional, los comuneros y las comuneras advirtieron estar vigilantes del proceso y en pie de lucha en contra de las injusticias de Marola Game Campoverde.
Agencia Informativa Agrocomunal.
Comunicación comprometida, objetividad con objetivos.
www.quepasaendata.blogspot.com
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