La Revolución Agraria es la obligación que tiene el Estado para redistribuir la tierra, la que debe cumplir su función social y ambiental, la que será reconocida a sus posesionarios ancestrales. Los derechos colectivos amparados en la Constitución finalmente alcanzan a ofrecer justicia para los campesinos sin tierra del país.
Más el mal entendido derecho aplicado desde la legalidad corrupta, que ha legitimado documentos manipulados y ha posicionado irónicamente calificativos tales como invasores, a los efectivos posesionarios y dueños de la tierra, los que la habitan y la trabajan. Arguyendo fomentar el turismo se pretende urbanizar la usura y vender a los pobres lo que por derecho ha sido y es suyo.
El gobierno de la revolución ciudadana, con la Constitución en la mano y en la otra el corazón, no debe jamás volver a gobernar para los grupos de poder, jamás hará primar el derecho individual ilegal sobre el colectivo injustamente olvidado; por ello hoy la comuna exige coherencia a sus mandantes, recordándoles con esta ruta del mar, el camino correcto hacia una política redistributiva de la tierra, hacia la revolución agraria.
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